Cataluña: La prisión es legal, pero ¿es la solución?

No se puede decir que lo que ha ocurrido con el proceso catalán de independencia haya cogido desprevenidos a los políticos españoles y al propio gobierno. Las reiteradas demandas catalanas durante años constituyen una de las claves para intentar entender el problema que se ha creado entre todos.

Y de una vez, tenemos que afirmar que España no es un reino de taifas, pero la actual Constitución reconoce a este país como un Estado plurinacional.

Enviar a prisión a todo el gobierno de Cataluña es legal. Pero no parece que eso sea la solución al problema político planteado en esa Comunidad. Tampoco parece que sea el punto y final al deseo de muchos catalanes de revisar su identidad y su relación con el resto del país.

Es cierto que incumplieron la Constitución y las leyes, pero eso lo hace con alguna frecuencia el mismo gobierno que ha aplicado el artículo 155. Por ejemplo, la Ley de la Memoria Histórica en vigor, no sólo se incumple, sino que, además, el propio gobierno se ufana de su incumplimiento y de no aportar en los presupuestos del Estado ni un solo euro para su aplicación. Y no pasa nada.

A otro nivel, en su momento la alcaldesa de Madrid, Sra. Ana Botella, incumpliendo la Constitución, vendió más de 1.800 viviendas sociales a “fondos buitre”. Nunca se le ha exigido responsabilidad alguna, ni política ni jurídica. Y no pasa nada.

Igualmente, el propio gobierno del PP incumplió la Constitución al aprobar una amnistía fiscal tributaria que permitió a los defraudadores pagar menos impuestos que el resto de los españoles. Dicha decisión fue declarada inconstitucional, siendo reprobado por ello el ministro de Hacienda en el Congreso de los Diputados. Pero éste no ha asumido ningún tipo de responsabilidad y ahí sigue, crecido, como si nada hubiera pasado. ¡Y es que no pasa nada!

Sin embargo, no olvidemos que el PP pertenece cínicamente al grupo de partidos autodenominados “constitucionalistas” por su supuesta defensa cerrada de la Constitución. Desde luego, las leyes están para cumplirlas, pero todas las leyes. No sólo algunas ni únicamente las que el gobierno de turno considere oportunas.

Sin embargo, a pesar de que son conscientes de que el problema catalán tiene una compleja raíz de carácter histórico-política, deciden, a sabiendas, transitar por el erróneo camino de “coger el rábano por las hojas” y nos deslumbran y sorprenden con medidas exclusivamente legales; pero nadie pone sobre la mesa ningún planteamiento político, única fórmula para alcanzar algún tipo de acuerdo duradero.

Por el contrario, se ha optado por el frentismo: nacionalismo catalán versus nacionalismo español y a la inversa. Y además, observamos la masiva proliferación de banderas de unos y otros. Y todos con las emociones, sentimientos y vísceras al aire. Es decir, estás conmigo o estás contra mí, blanco o negro. Y es que no aprendemos de nuestra propia historia. Bueno, si no la conocemos (pues apenas está presente en los currículos educativos) ¿cómo vamos a aprender de ella?

Y en ésas estamos. Como ha escrito el periodista David Torres: “En el último mes, Cataluña ha generado muchísimas portadas, editoriales, reportajes y columnas. Es decir, se ha producido una sobredosis de información que ha tapado por completo no sólo la podredumbre interminable del PP en el caso Gürtel, sino también la ausencia de responsabilidad política por los incendios de Galicia, las multitudinarias protestas por las obras del AVE en Murcia, la escandalosa anulación de varias multas millonarias a Telefónica, Orange y Repsol, el nuevo saqueo a la caja de pensiones o la enésima subida de las tarifas eléctricas”.

Y además en los últimos días, el policía que dirigió la investigación de la trama Gürtel e inspector de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), Manuel Morocho, declaraba ante la Comisión del Congreso de los Diputados que dirigentes como Mariano Rajoy cobraron “indiciariamente” sobresueldos en negro y reconoció presiones contra la UDEF para intentar frenar la investigación. Y no pasa nada. Ni portadas en los periódicos, ni editoriales, ni columnas, ni tertulias sobre este grave asunto. La corrupción, increíble y desgraciadamente, se ha normalizado en este país.

Es evidente que la independencia catalana ha sido la tormenta perfecta para seguir tapando las corruptelas del PP, ahora crecidos y envalentonados con la aplicación del artículo 155.

Y por si fuera poco, Xavier García Albiol, candidato del PP a la presidencia del Govern, ha advertido a los votantes que, si el independentismo gana el 21-D, habría que volver a aplicar el artículo 155 las veces que haga falta. Es decir, aunque es previsible que triunfen los autodenominados constitucionalistas, las elecciones sólo valen, “si ganan los nuestros”. ¡Viva la democracia de García Albiol!

Sin embargo, con el problema catalán se ha puesto de manifiesto que en este país la intensidad en la defensa de la legalidad, la aplicación de la misma y la contundencia con la que se persigue a quienes se la saltan, depende en algunos casos de la voluntad de quienes mandan.

Pero lo que tiene que aprender el gobierno del PP es que no puede pretender dos cosas a la vez: mantener su insistente lógica numantina y al mismo tiempo construir estabilidad social y política.

Ante el panorama actual, uno se reafirma cada vez más en el convencimiento de que la forma más adecuada de resolver los problemas es hablando, haciendo política y no penalizando lo diferente por muy extraño que parezca. Pero si para sentarse a la mesa existen limitaciones, como las dictadas por la vigente Constitución, sería el momento de avanzar en su reforma.

Por todo ello, ya es hora de que el gobierno del PP deje de usar la legalidad como justificación de su inmovilismo. Y deje ya de hablar de ella como si en este país fuera sagrada, como si ellos permanentemente la respetaran.

Por último, es evidente la existencia en este país de muchos supuestos “constitucionalistas” que alaban e invocan permanentemente el espíritu del 78. Y uno se pregunta: ¿para cuándo entonces las reflexiones compartidas, las iniciativas superadoras y las propuestas y planteamientos políticos consensuados y duraderos?

Fernando T. Romero Romero

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